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CONVENIO: GOBIERNO DE CANADÁ-CORPORACIÓN INTERESTADUAL PULMARÍ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gobierno de Canadá, a través de su embajada en Argentina, aportó 190 mil pesos para financiar un programa destinado a trabajar en el reconocimiento de la justicia indígena en la provincia de Neuquén y en el contexto de la "Declaración de Pulmarí". 

 

El respaldo se obtuvo tras un acuerdo del fiscal general José Gerez con la embajadora de Canadá en Argentina,  Gwyneth Kutz, en noviembre de 2014. 

 

El fiscal general presentó el proyecto de “Reconocimiento e incorporación de los métodos originarios de resolución de conflictos de los pueblos indígenas en el proceso penal neuquino”, que tenía como objetivo “realizar el relevamiento, documentar y sistematizar la información recabada de las costumbres ancestrales pertenecientes a las comunidades indígenas en lo que se refiere a los modos de justicia y de resolución de los conflictos, para generar mecanismos legales que permitan su aplicación de acuerdo a la zona del hecho y la temática”.

 

Tras la firma del convenio entre las autoridades canadienses y los representantes de la Corporación Interestadual Pulmarí, se fijó en tres meses el plazo de implementación del proyecto, el cual comprendió a las comunidades mapuches Catalán (450 integrantes), Aigo (1.800), Ñorquinco (100), Currumil (135), Puel (385), Hiengheihual (180) y Wiñoy Tayin Rakizuam (255).

 

Las principales actividades consistieron en efectuar un relevamiento (se hicieron reuniones y talleres comunitarios de sensibilización, estudio y documentación de los conocimientos y tradiciones en la resolución del conflicto indígena); hacer sistematizaciones y análisis de información (se formó un equipo de sistematización del material recolectado);  elaborar un protocolo (que consistió en la sistematización de elementos de la justicia indígena); y publicar y difundir el material gráfico y audiovisual de las conclusiones y resultados del relevamiento.

 

El método de trabajo consistió, fundamentalmente, en la recolección mediante transmisión oral de los modos tradicionales de resolución de conflictos de las diferentes comunidades indígenas de la provincia; junto con el procesamiento de material legislativo, doctrinario y jurisprudencial al respecto.

 

Este proceso se llevó a cabo a través de encuentros y talleres con la participación de autoridades e integrantes de las comunidades y operadores de la dirección de Mediación Penal del Ministerio Público Fiscal. En primer lugar se describió el funcionamiento histórico de las distintas comunidades para resolver sus conflictos, contextualizándolas en los principios del derecho internacional y argentino en la materia.

 

Los fondos aportados por  la embajada de Canadá los recibió la Corporación Interestadual Pulmarí, organismo que los administró.

 

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